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Situación de la Salud Mental en Paraguay

El contexto histórico

Por largo tiempo la salud mental se vio vinculada y limitada a la atención de las personas con discapacidad psicosocial[1] a cargo del único hospital psiquiátrico estatal en Paraguay, fortalecido por un sistema político de 62 años de dictadura.

Propuestas de cambio

A partir de la década de los 90, un grupo de profesionales de la salud mental, viene proponiendo un trabajo desde una concepción radicalmente diferente, lo menos restrictiva posible. Buscando superar el modelo hospitalocéntrico, propone un abordaje de la salud de base comunitaria, con un trato humanizante y de respeto a los derechos humanos, dando lugar a la participación social, la construcción y el ejercicio de la ciudadanía de las personas con y sin sufrimiento psíquico.

Las propuestas de cambio de modelo en el Paraguay se han visto inspiradas por las propuestas de desmanicomialización en Italia, lideradas por Franco Basaglia en la década de los 70; en las propuestas del Bureau de Alternativas a la Psiquiatría de Europa y el Movimiento Solidario de Salud Mental de América Latina en los 80, así como en diversas experiencias de la Provincia de Río Negro en la Argentina, de Río Grande do Sul y varios estados del Brasil, a partir de los años 90. También se contó con el asesoramiento de expertos de América Latina, Canadá y Europa (integrantes de la Reforma de Salud Mental de Andalucía – España).

Estas experiencias fortalecieron el movimiento que se daba en el país hacia la historización y la problematización de conceptos y prácticas en salud mental, abriendo las posibilidades hacia la construcción de un pensamiento más integrado e integral que favoreciera la construcción de procesos que desmontaran estructuras excluyentes.

 

La Declaración de Caracas y de los “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental”, son marcos fundamentales que se tomaron como referencia para delinear las políticas de salud mental en América Latina y la legislación nacional vigente y los instrumentos vinculantes internacionales que rigen los temas de salud mental

   En la década del 90 se realizaban a nivel nacional denuncias y publicaciones acerca de la situación de los servicios de salud mental y de la situación de las personas con sufrimiento psíquico, por parte de la prensa, personas y organizaciones de Derechos Humanos, nucleadas posteriormente en la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – Codehupy, Año 1999[2].

Politica Nacional de Salud Mental

En este contexto histórico el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social promovió un proceso de elaboración de una Política Nacional de Salud Mental (2002-2008) con la participación de trabajadores del área. Los participantes en la elaboración de esta Política en su mayoría eran profesionales, trabajadores del sector, personas involucradas y comprometidas con esta temática desde varias décadas.

Los documentos redactados de la Política y del Programa de Salud Mental, fueron publicados y difundidos, pero no generaron grandes avances.

La denuncia

En 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impone medidas cautelares al estado paraguayo por violaciones a los Derechos Humanos de personas en sufrimiento mental internadas en el Hospital Psiquiátrico.

   El Estado Paraguayo en respuesta a las medidas cautelares, en 2004 centró sus acciones en la mejora de las condiciones de habitación y tratamiento de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico, pero estas se limitaron a las mejoras de las condiciones de la infraestructura del Hospital, así se realizaron mejoras, reestructuración y readecuación edilicia. Para entonces, no se habían registrado mejoras en el problema de la numerosa población hospitalaria, la falta de diagnósticos, tratamientos adecuados, programas de rehabilitación, ampliación y fortalecimiento de servicios de salud mental de base comunitaria, entre otros.

 

En 2005, los peticionarios, Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), firmaron un acta de compromiso con el Estado paraguayo ante la CIDH. La misma recogía los compromisos del Estado Paraguayo en relación a la desinstitucionalización gradual, cuyo objetivo era la de reducir la población hospitalaria, en tanto se realizarían acciones a fin de fortalecer los servicios de salud mental de base comunitaria, como así también la promulgación de una ley de salud mental que garantice los derechos de las personas en sufrimiento psíquico. Para el cumplimiento de los compromisos asumidos el Estado contaba con cinco años.

La propuesta de ley de salud mental

En relación a la Ley de Salud Mental cabe señalar que fueron trabajados varias propuestas de ley desde distintos sectores, tanto oficiales como de la sociedad civil, desde los años 90. Una de las propuestas presentadas llegó a contar con una media sanción de la Cámara de Diputados pero quedó por el camino. Se sigue realizando esfuerzos para contar con esta importante herramienta, que permitirá un mayor y más amplio nivel de protección de derechos tanto de las personas con sufrimiento psíquico como de sus familiares, los servicios y la comunidad.

 

Entre los años 2007 y 2008, la situación no mejoró, los hechos ocurridos cada vez se tornaban mas graves, y el 30 de julio de 2008 la CIDH nuevamente impuso medidas cautelares a favor de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico.

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Desde esta historia debemos conceptualizar los procesos de transformación en Salud Mental.

Para que no sean reducidas a una simple reestructuración asistencial debemos desarrollar experiencias transformadoras de la situación de la salud mental y que sean plasmados en servicios con la participación comunitaria, en diversas alternativas de atención de las personas con sufrimiento psíquico. Que se promulguen leyes que abran posibilidades de aperturas de servicios en la comunidad y que estas protejan los derechos humanos de las personas que sufren, que se habilite capacitación tanto a los profesionales como a la ciudadanía para que se comprometan con este nuevo modelo de atención en salud mental.

Contexto legal

En el Paraguay, la salud es reconocida como un derecho universal a partir de la modificación de la Carta Magna en la Constituyente de 1992, convirtiéndose la concepción de derecho en el pilar principal del cual parten las actuales “Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad” del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

 

En ellas los principios rectores son la universalidad, la equidad como principio de justicia social, la integralidad y la participación protagónica de la ciudadanía en el avance hacia una democracia liberadora y un sistema de salud integrado e integral.

Conclusión

Desde nuestra historia debemos estructurar los procesos de transformación en Salud Mental, debemos desarrollar experiencias transformadoras de la situación de la salud mental y que sean plasmados en servicios con la participación comunitaria, en diversas alternativas de atención de las personas con sufrimiento psíquico. Que se promulguen leyes que abran posibilidades de aperturas de servicios en la comunidad y que estas protejan los derechos humanos de las personas que sufren, que se habilite capacitación tanto a los profesionales como a la ciudadanía para que se comprometan con este nuevo modelo de atención en salud mental.

[1] La terminología “personas con discapacidad psicosocial” se utiliza para referirse a las personas con diagnósticos psiquiátricos, usuarias o ex usuarias de los servicios de salud mental. Surgió como la frase preferida de las mismas personas usuarias, ex usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría que estuvieron participando en los procesos de redacción de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Cita en el Artículo Reforma psiquiátrica, con pocos avances y varias deudas, del Informe de Derechos Humanos en Paraguay, 2009. Orlando Castillo y Alison A. Hillman de Velásquez, Pág. 425.

  

[2]www.derechos.org/nizkor/paraguay/1997/13.html